El fiscal general de México, Alejandro Gertz, desestimó este martes la denominada "verdad histórica" defendida por sus antecesores para sostener la hipótesis de que la cuestionada desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue responsabilidad exclusiva de narcotraficantes.
"Se acabó la verdad histórica", dijo Gertz en un mensaje a la prensa al brindar un breve informe sobre las indagatorias que ha realizado la Fiscalía General desde que asumió el cargo, en enero de 2019.
La denominada "verdad histórica" fue presentada en enero de 2015 por el entonces procurador (fiscal) general que inició las investigaciones, Jesús Murillo, luego de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela formativa de educadores de Ayotzinapa (sur), la noche del 26 de septiembre de 2014.
Esa noche, decenas de estudiantes de Ayotzinapa se dirigieron a la localidad Iguala, en el violento estado de Guerrero, para hacerse con autobuses que querían usar en sus manifestaciones.
Pero fueron capturados por policías coludidos con el cártel de drogas Guerreros Unidos, y desde entonces se desconoce el paradero de 43 de ellos.
Según la "verdad histórica", los jóvenes habrían sido asesinados por los narcotraficantes, quienes luego habrían incinerado los cuerpos y arrojado las cenizas a un río.
Esta hipótesis fue desechada por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que colaboró en las investigaciones entre marzo de 2015 y abril de 2016.
Como parte de las nuevas pesquisas, Gerz dijo que localizaron restos humanos en la zona donde habrían asesinado a los chicos y fueron enviados a Universidad de Innsbruck, en Austria, y se espera tener resultados en próximos días.
Esta institución ya había realizado estudios a otros restos humanos y se logró identificar a uno de los estudiantes.
Gertz confirmó que Tomás Zerón, que fue uno de los principales investigadores, es señalado por diversas irregularidades y buscado por la Interpol luego de confirmarse que salió de México.
El fiscal informó además que han solicitado a un juez la orden de captura de 46 funcionarios de diversos municipios de Guerrero para ser investigados por posibles delitos "desaparición forzada y delincuencia organizada".
Este caso provocó una ola de indignación internacional y críticas contra el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
En septiembre pasado, el actual gobierno encabezado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador clasificó este caso como "desaparición forzada por agentes del Estado".